RUEDA DE PRENSA
Oviedo, 22 de Enero de 2015.
El motivo de haberos convocado es
para denunciar ante la opinión pública:
.- La nefasta política de
contratación, en materia de Seguridad,
del Gobierno Socialista del Principado de Asturias.
.- Los criterios profesionales sin ningún plan de seguridad, careciendo de un departamento de seguridad y
por supuesto la ausencia de un director de seguridad titulado, homologado por
el Ministerio del Interior.
.- Los objetivos, puramente económicos, respondiendo a la nefasta situación que está viviendo al
día de hoy el colectivo de la Seguridad Privada. La desorganización,
la conflictividad, la falta de confianza y el estado de inseguridad en los
edificios y departamentos del Principado de Asturias nos hacen pedir la
dimisión de el Director General de Justicia e Interior y de el Consejero de Presidencia del Gobierno del
Principado, como responsable político.
Acontecimientos recientes, con
mucha gravedad, como el ocasionado días atrás en el nuevo HUCA, con una
plantilla insuficiente para mantener unas condiciones mínimas de seguridad, la
recogida de firmas de todo personal sanitario y no sanitario del área 7 de
Mieres tras suprimir la Seguridad nocturna del centro de salud de Mieres-Sur,
son ejemplos entre muchos más, que demuestran el mal estar general que existe
por las continuas reducciones de personal a que nos está sometiendo el Gobierno
Socialista del Principado de Asturias
Esta consejería de
Presidencia ha participado en la
destrucción de empleo de una manera desmesurada, reduciendo en más de un 25 %
el presupuesto en seguridad y llevando a más de 100 familias de 400
trabajadores, al desempleo. Fechas atrás, el gobierno socialista del
Principado anunció a bombo y platillo la sustitución de Vigilantes por Guardia
Civiles en los juzgados, dándonos a entender la apuesta por la seguridad
pública cuando lo que realmente genera esta maniobra es la vuelta a la
destrucción de empleo llevando a treinta familias al paro y poniendo Guardias
Civiles en situación de reserva que ya
están cobrando una jubilación y que tienen una media de edad de 60 años.
La asignación de los servicios de
seguridad por el sistema de subasta (al más barato), está ocasionando que una
empresa, de dudosa calidad, con convenio propio y no respetando el convenio
nacional de seguridad en la totalidad de las plantillas, sea la adjudicataria
de la mayoría de los servicios que el Principado tiene contratado.
Esta situación está generando una
conflictividad laboral con desigualdades económicas, falta de equipación de
seguridad, problemas de uniformidad y no cumpliendo con la formación
obligatoria que marca la Ley de Seguridad Privada.
Recientemente se ha denunciado
ante Delegación de Gobierno, la carencia de Delegación homologada por parte de
la Empresa adjudicataria del Centro de Menores de Sograndio, esta empresa ha
participado en el concurso con una ventaja sobre las demás empresas porque en
los pliegos de condiciones se exige el disponer de esta característica para optar al concurso.
El Centro de Menores de Sograndio, Centro de
Miraflores de Noreña, el Materno Infantil de Oviedo, etc, Ya existe una conflictividad, al generarse en las plantillas tres
tipos distintos de salarios realizando el mismo trabajo: uno marcado por la
Audiencia Nacional, otro marcado por el Convenio propio de la empresa entrante
(Alcor Seguridad) y el tercero, un sueldo reducido ocasionado por la amenaza
constante de la empresa con el despido para aquellos trabajadores que denuncien
su situación. El Gobierno del Principado
y en su caso la Consejería de Presidencia junto con el Director General de
Justicia e Interior son conocedores y cómplices de esta conflictividad laboral.
Desde el mes de Marzo, los tres
sindicatos mayoritarios del sector (UGT, CCOO y USO) estamos manteniendo
reuniones para buscar fórmulas que eviten estos conflictos y nos den una
estabilidad tanto profesional como laboral, aplicando unos conceptos puramente
de mejora de la seguridad y evitando los intereses económicos. Hasta el día de
hoy no hemos recibido una contestación positiva, los concursos públicos por subasta siguen
saliendo y nuestra propuesta de incluir la cláusula: “obligado cumplimiento del Convenio Nacional de Seguridad”, en los
pliegos de condiciones, siguen sin tener respuesta por parte de la Consejería
de Presidencia. Otras comunidades Autónomas, de distinta índole ideologíca en sus gobiernos, como Cataluña,
País Vasco, País Valenciano, Galicia y el propio Gobierno del País han incluido
esta cláusula dando un estado de tranquilidad laboral al Sector.
Al día de hoy seguimos a la
espera de una contestación por parte del Gobierno del Principado y ante esta
situación convocamos a los trabajadores de Seguridad Privada a una primera concentración
el próximo Jueves, 29 de Enero, delante del Palacio de Presidencia del Gobierno
del Principado de Asturias y no cederemos en nuestras pretensiones de mejora de
la seguridad y tranquilidad laboral, no descartando denuncias como conflictos
colectivos y convocatorias de huelga en las empresas que no cumplan el Convenio
Nacional de Seguridad Privada.
