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RUEDA DE PRENSA

Oviedo, 22 de Enero de 2015.

El motivo de haberos convocado es para denunciar ante la opinión pública:

.-  La nefasta política de contratación, en materia de Seguridad,  del Gobierno Socialista del Principado de Asturias.

.- Los criterios profesionales sin ningún plan de seguridad,  careciendo de un departamento de seguridad y por supuesto la ausencia de un director de seguridad titulado, homologado por el Ministerio del Interior.

.- Los objetivos, puramente económicos, respondiendo  a la nefasta situación que está viviendo al día de hoy el colectivo de la Seguridad Privada.  La  desorganización, la conflictividad, la falta de confianza y el estado de inseguridad en los edificios y departamentos del Principado de Asturias nos hacen pedir la dimisión de el Director General de Justicia e Interior y de el   Consejero de Presidencia del Gobierno del Principado, como responsable político.

Acontecimientos recientes, con mucha gravedad, como el ocasionado días atrás en el nuevo HUCA, con una plantilla insuficiente para mantener unas condiciones mínimas de seguridad, la recogida de firmas de todo personal sanitario y no sanitario del área 7 de Mieres tras suprimir la Seguridad nocturna del centro de salud de Mieres-Sur, son ejemplos entre muchos más, que demuestran el mal estar general que existe por las continuas reducciones de personal a que nos está sometiendo el Gobierno Socialista del Principado de Asturias

Esta consejería de Presidencia  ha participado en la destrucción de empleo de una manera desmesurada, reduciendo en más de un 25 % el presupuesto en seguridad y llevando a más de 100 familias de 400 trabajadores,  al desempleo.  Fechas atrás, el gobierno socialista del Principado anunció a bombo y platillo la sustitución de Vigilantes por Guardia Civiles en los juzgados, dándonos a entender la apuesta por la seguridad pública cuando lo que realmente genera esta maniobra es la vuelta a la destrucción de empleo llevando a treinta familias al paro y poniendo Guardias Civiles en situación de  reserva que ya están cobrando una jubilación y que tienen una media de edad de 60 años.

La asignación de los servicios de seguridad por el sistema de subasta (al más barato), está ocasionando que una empresa, de dudosa calidad, con convenio propio y no respetando el convenio nacional de seguridad en la totalidad de las plantillas, sea la adjudicataria de la mayoría de los servicios que el Principado tiene contratado.

Esta situación está generando una conflictividad laboral con desigualdades económicas, falta de equipación de seguridad, problemas de uniformidad y no cumpliendo con la formación obligatoria que marca la Ley de Seguridad Privada.

Recientemente se ha denunciado ante Delegación de Gobierno, la carencia de Delegación homologada por parte de la Empresa adjudicataria del Centro de Menores de Sograndio, esta empresa ha participado en el concurso con una ventaja sobre las demás empresas porque en los pliegos de condiciones se exige el disponer de esta característica para  optar al concurso.

 El Centro de Menores de Sograndio, Centro de Miraflores de Noreña, el Materno Infantil de Oviedo, etc, Ya existe una conflictividad, al generarse en las plantillas tres tipos distintos de salarios realizando el mismo trabajo: uno marcado por la Audiencia Nacional, otro marcado por el Convenio propio de la empresa entrante (Alcor Seguridad) y el tercero, un sueldo reducido ocasionado por la amenaza constante de la empresa con el despido para aquellos trabajadores que denuncien su situación. El Gobierno del Principado y en su caso la Consejería de Presidencia junto con el Director General de Justicia e Interior son conocedores y cómplices de esta conflictividad laboral.

Desde el mes de Marzo, los tres sindicatos mayoritarios del sector (UGT, CCOO y USO) estamos manteniendo reuniones para buscar fórmulas que eviten estos conflictos y nos den una estabilidad tanto profesional como laboral, aplicando unos conceptos puramente de mejora de la seguridad y evitando los intereses económicos. Hasta el día de hoy no hemos recibido una contestación positiva,  los concursos públicos por subasta siguen saliendo y nuestra propuesta de incluir la cláusula: “obligado cumplimiento del Convenio Nacional de Seguridad”, en los pliegos de condiciones, siguen sin tener respuesta por parte de la Consejería de Presidencia. Otras comunidades Autónomas, de distinta índole  ideologíca en sus gobiernos, como Cataluña, País Vasco, País Valenciano, Galicia y el propio Gobierno del País han incluido esta cláusula dando un estado de tranquilidad laboral al Sector.

Al día de hoy seguimos a la espera de una contestación por parte del Gobierno del Principado y ante esta situación convocamos a los trabajadores de Seguridad Privada a una primera concentración el próximo Jueves, 29 de Enero, delante del Palacio de Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias y no cederemos en nuestras pretensiones de mejora de la seguridad y tranquilidad laboral, no descartando denuncias como conflictos colectivos y convocatorias de huelga en las empresas que no cumplan el Convenio Nacional de Seguridad Privada.